Los Diputados Nacionales de Corrientes del PJ junto al frente Unión por la Patria (UP) y de otras provincias exigen la “inmediata restitución de los trabajadores, de la Planta Permanente y Contratados, que fueron arbitrariamente despedidos en la Provincia de Corrientes y en todo el país del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)”.

A través de un proyecto de resolución, los Legisladores Nacionales de UP denuncian la “fragante violación a las leyes vigentes en el caso del personal despedido, sin causa, que además cuentan con fueros sindicales”.

Además, expresaron su “más profundo repudio por los actos de maltrato institucional y estructural a la vejez que constituyen dichos despidos”.

El proyecto que ingresó al Congreso de la Nación describe que los despidos son parte del “endurecimiento de los requisitos para acceder a la cobertura de medicamentos, así como de la exigencia de nuevos trámites, lo que supone un incremento en la demanda de asistencia”.

En ese marco, las autoridades nacionales del PAMI dispusieron la “desafectación de unos 200 trabajadores en todo el país; 3 de ellos en la provincia Corrientes, 1 de la localidad de Goya y los otros 2 de Capital”.

En el caso de Corrientes “alrededor de 80 trabajadores atienden un padrón de 52 mil afiliados” por lo que estos despidos “resultan injustificados y significativo” ya que “más de 2.500 afiliados pierden su representación en términos de atención personalizada”.

Los despidos comprometen la atención de los adultos mayores beneficiarios, especialmente si se tiene en cuenta que algunas UGL son unipersonales y, “ante el despido de su trabajador o trabajadora la localidad donde se encuentra queda sin atención”.

Los despidos se suman a “la restricción en el acceso a los medicamentos, la imposición de nuevos trámites burocráticos y el vaciamiento del organismo que brinda atención a personas jubiladas que en muchos casos no disponen de manejo de los medios tecnológicos; no cuentan con asistencia de su entorno y que, claramente, no cuentan con sus necesidades básicas cubiertas resulta profundamente violatoria de principios constitucionales como la igualdad material y la razonabilidad”.

Las organizaciones que nuclean a los trabajadores de PAMI, el SUTEPA y la Central de Trabajadores y Trabajadoras, se manifestaron en contra de la reducción de la cobertura de la Obra Social, así como de los despidos arbitrarios por atentar contra los derechos fundamentales de quienes más necesitan protección.