Argentina enfrenta un panorama crítico en materia de violencia de género. En 2024, se registró un femicidio cada 30 horas, lo que resultó en el asesinato de 252 mujeres por razones de género, según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La situación se ha agravado en 2025, con un femicidio cada 26 horas, de acuerdo con informes de la sociedad civil.

Pese a la gravedad de estas cifras, el gobierno nacional ha desmantelado programas y políticas públicas destinadas a prevenir estos crímenes. Además, funcionarios han emitido declaraciones que niegan la existencia de la violencia de género e incluso han propuesto eliminar la figura legal del femicidio.

Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), el 73% de los femicidios fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares directos, mientras que el 20% ocurrió en contextos no íntimos. Estas cifras reflejan que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para mujeres y niñas, ya que el 60,2% de los asesinatos de mujeres ocurren dentro de su entorno familiar, mientras que en el caso de los varones este porcentaje es solo del 11,8%.

Retroceso en Derechos Sexuales y Reproductivos

La violencia de género no se limita a los femicidios. Desde diciembre de 2023, el gobierno ha paralizado la compra de insumos esenciales para garantizar el acceso al aborto seguro, afectando a varias provincias que reportan faltantes de stock. También se han reducido drásticamente los métodos anticonceptivos, lo que vulnera el derecho de mujeres y adolescentes a decidir sobre su maternidad y aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual.

Amnistía Internacional ha alertado sobre el aumento del 275% en las consultas por obstáculos para acceder al aborto desde el inicio del actual gobierno. La organización también ha impulsado litigios estratégicos para garantizar el cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y frenar intentos de retroceso en este derecho.

Impacto en la Maternidad Adolescente

El desfinanciamiento del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) también representa un retroceso en la lucha por la equidad de género. Este programa logró reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 49% en los últimos cuatro años, pero su eliminación pone en riesgo la salud y el futuro de miles de niñas y adolescentes.

En Argentina, cada hora cinco niñas y adolescentes menores de 20 años se convierten en madres, lo que profundiza la desigualdad y la pobreza estructural. La falta de acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) agrava esta problemática, limitando la toma de decisiones informadas y aumentando la vulnerabilidad de las infancias.

Un Llamado Urgente a la Acción

El 8 de marzo no es solo una fecha de conmemoración, sino un recordatorio de que aún queda mucho por hacer. Amnistía Internacional convoca a la movilización nacional para exigir políticas efectivas que protejan los derechos de las mujeres, niñas y diversidades, y que garanticen una vida libre de violencia y discriminación.