El sistema eléctrico argentino atraviesa una crisis creciente debido a los congelamientos tarifarios y la aplicación de ajustes discrecionales, lo que ha reducido de manera significativa las inversiones necesarias para su mantenimiento y expansión. La empresa Transener, que opera el 85% del sistema de transporte eléctrico en alta tensión, expuso esta problemática en la primera audiencia pública organizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para discutir el nuevo esquema tarifario.

Pablo Tarca, director general de Transener, advirtió que en los últimos seis años solo se pudo ejecutar el 38% de las inversiones requeridas. Como resultado, un 35% de las instalaciones se encuentra al final de su vida útil, poniendo en riesgo la calidad del servicio y la estabilidad del suministro eléctrico.

"Con los ingresos asignados no hemos podido realizar el 62% de las inversiones necesarias", subrayó Tarca, quien además señaló que el sistema de transporte se encuentra saturado. Este desequilibrio entre demanda y capacidad instalada afecta la eficiencia y genera costos adicionales para su operatividad.

La audiencia pública marca el inicio de la revisión quinquenal de tarifas para el período 2025-2029, cuyo objetivo es definir el nivel de inversión necesario para mejorar la infraestructura y garantizar la sustentabilidad del sistema eléctrico. Actualmente, Transener es controlada por Citelec, sociedad integrada en partes iguales por Pampa Energía y la estatal Energía Argentina. El 47,36% restante de las acciones se reparte entre la Anses y el mercado bursátil.

Desde 2002, la demanda eléctrica aumentó un 117%, mientras que la capacidad de transporte solo creció un 54%, incrementando la saturación y los costos operativos. La falta de actualización tarifaria ha afectado directamente la inversión, en un contexto donde los costos salariales y operativos han crecido considerablemente.

"Este sistema saturado requiere un enfoque integral. Se necesita una tarifa adecuada para mantener los equipos actuales y, a largo plazo, realizar ampliaciones que reduzcan los costos de despacho, garanticen el suministro futuro y fomenten el desarrollo productivo", destacó Tarca.

La crisis del sistema eléctrico argentino refleja una problemática estructural que combina factores económicos y regulatorios. Por un lado, la falta de ajuste tarifario ha restringido las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura. Por otro, la creciente demanda supera la capacidad instalada, generando costos adicionales y riesgos operativos.

El dato de que un 35% de las instalaciones ha alcanzado el final de su vida útil es preocupante, ya que pone en evidencia la urgencia de una política energética de largo plazo. La saturación del sistema y el aumento de costos operativos dificultan el mantenimiento, mientras que las restricciones presupuestarias limitan la posibilidad de expansión.

El debate sobre la actualización tarifaria será clave para determinar si el país puede recuperar la estabilidad del servicio eléctrico. Sin inversiones sostenibles, el sistema podría enfrentar fallas cada vez más frecuentes, afectando tanto a los usuarios residenciales como a la industria y la producción.

El desafío radica en encontrar un equilibrio entre una tarifa que permita la viabilidad del sistema sin afectar gravemente el poder adquisitivo de los consumidores. La audiencia pública es solo el primer paso de un proceso que definirá el futuro del sector eléctrico en Argentina.