El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” informó que, en lo que va de 2025, se registraron 55 femicidios y un femicidio vinculado de un varón adulto. Detrás de estas cifras, hay familias destruidas y un alarmante vacío en las políticas públicas para prevenir estos crímenes.

El informe reveló que el 59% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y que el 68% de los crímenes ocurrieron en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor, confirmando que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para muchas mujeres. Chaco, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza encabezan la lista de provincias con más casos registrados.

Los llamados al 911 por violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires representan el 30% de las denuncias diarias, y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema registró un aumento del 8% en la cantidad de personas asistidas en comparación con enero de 2024. En muchos de los casos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores o existían medidas cautelares que no evitaron el desenlace fatal.

Datos impactantes del informe:

·         10 víctimas habían realizado denuncias previas.

·         5 femicidas tenían medidas cautelares en su contra.

·         7 femicidas eran miembros o exmiembros de fuerzas de seguridad.

·         3 víctimas presentaban indicios de abuso sexual.

·         5 agresores se suicidaron tras cometer el crimen.

·         5 víctimas fueron asesinadas en contextos vinculados al narcotráfico.

La distribución por provincias señala a Buenos Aires como la más afectada, con 24 femicidios, seguida de Santa Fe (9), Mendoza (4) y Chaco (4). Sin embargo, la violencia de género es un flagelo que atraviesa todo el país y que no distingue fronteras.

Desde La Casa del Encuentro advierten que la eliminación de programas estatales de asistencia y prevención agrava la situación, dejando a las víctimas en una vulnerabilidad extrema. "La violencia de género es un problema de derechos humanos que requiere políticas públicas efectivas. No podemos seguir lamentando muertes evitables", alertaron desde la organización.

A pesar de la gravedad del panorama, las organizaciones sociales continúan exigiendo medidas urgentes para frenar esta epidemia de violencia. En un contexto donde las respuestas del Estado parecen insuficientes, la sociedad civil se convierte en el último refugio para muchas víctimas que buscan ayuda antes de convertirse en un número más en las escalofriantes estadísticas.