Tras el decreto firmado por el presidente Javier Milei para convertir al Banco Nación en una Sociedad Anónima, el gobierno tiene en carpeta una serie de cierres de sucursales y despidos en la entidad, incluso antes de su privatización.

Según fuentes oficiales, el objetivo es mejorar la eficiencia del banco y contribuir a la reducción del déficit fiscal. Aunque los despidos y cierres no están explícitamente contemplados en el decreto firmado por el presidente antes de su viaje a Estados Unidos, fuentes gubernamentales adelantaron que ya existen proyecciones en este sentido. “Los análisis pormenorizados van a estar en manos de las autoridades del banco”, afirmaron.

Un alto funcionario vinculado al proceso sostuvo que “el objetivo es eficientizarlo, modernizarlo, y eso conllevará cierres”. En la actualidad, el Banco Nación cuenta con 780 mil dependencias y el plan inicial apunta a priorizar el cierre de aquellas ubicadas en municipios con tasas impositivas más elevadas. “Van a haber recortes, y tiene que haber una reestructuración de los convenios de trabajo”, expresó otra fuente oficial. No obstante, se aclaró que el directorio del banco, encabezado por Daniel Tillard, permanecerá en funciones por el momento.

El argumento de estos cierres no es nuevo. En octubre pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado que por orden de Milei se cerrarían la mayoría de las sucursales del Banco Nación en La Pampa —nueve de un total de 14— como respuesta a la suba del impuesto sobre los ingresos brutos aplicada por el gobernador kirchnerista Sergio Ziliotto. Aquella decisión desató una fuerte resistencia en la provincia y en los municipios afectados, situación que podría repetirse si las medidas se amplían.

Si bien el momento exacto de los cierres no está definido, en el gobierno no descartan que se implementen antes de que el proyecto de privatización del Banco Nación llegue al Congreso. Este proyecto, aunque es el objetivo final del Ejecutivo, aún no tiene una fecha establecida para su debate legislativo.

Hasta el momento, el oficialismo convirtió la totalidad de las empresas del Estado en sociedades anónimas, pero el Congreso solo aprobó la privatización de ocho. Desde entonces, la Secretaría de Transformación del Estado, liderada por Federico Sturzenegger, y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, trabajan en acondicionar las compañías para hacerlas más atractivas para potenciales inversores privados. Al igual que Milei, ambos funcionarios sostienen que el Estado no puede ser eficiente.

En 2024, el Banco Nación redujo su planta en un 7%, lo que representó la salida de aproximadamente mil empleados. Ahora, el foco está en el posible cierre de sucursales en algunos de los 50 municipios con las tasas más altas, varios de los cuales presentaron medidas cautelares y juicios contra la entidad por la carga impositiva. “Si vemos que los números en esos municipios con tasas muy altas no nos cierran, puede ser que se tome alguna decisión”, señalaron desde el banco.

En la provincia de Córdoba, por ejemplo, hay 18 municipios judicializados, y en algunos casos se alcanzaron acuerdos para reducir las tasas, como ocurrió en la localidad de Jesús María. En la lista de los municipios con tasas más altas se encuentran varias localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. En el resto del país, figuran ciudades como Rawson, San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, Córdoba, Corrientes, Paraná, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Mendoza, Posadas, Neuquén, Viedma, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Ushuaia y San Miguel de Tucumán.

Desde el Gobierno remarcaron que los análisis están en marcha y que no necesariamente se cerrarán las sucursales de todos estos municipios. Si bien reconocen que el Banco Nación no es deficitario, sostienen que “perdió el foco de su actividad y el propósito del plan de negocios”. Algunos funcionarios consideran que el modelo a seguir podría ser similar al de YPF, aunque no hay definiciones al respecto. “Hay muchas herramientas para asegurarse de que el control lo siga teniendo el público”, señalaron.

En las próximas semanas, se presentarán los balances y reglamentos ante la Inspección General de Justicia, con la intención de modificarlos. Al mismo tiempo, se evaluará la necesidad de las distintas oficinas y la cantidad de empleados. Mientras tanto, la Asociación Bancaria, conducida por el sindicalista Sergio Palazzo, ya anticipó su oposición a la iniciativa del gobierno y calificó la transformación del banco como una “estafa”.